EE.UU. demanda para revocar la ciudadanía de 40 naturalizados

La ciudadanía estadounidense de 40 personas naturalizadas quedó sometida a revisión judicial después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara demandas civiles para revocar sus naturalizaciones entre el 21 de agosto y el 2 de octubre de 2026. El organismo sostiene que fueron obtenidas ilegalmente o mediante el ocultamiento de hechos relevantes, pero las acusaciones todavía deben ser analizadas por tribunales federales.

Las acciones alcanzan a personas originarias de México, China, Irán, Pakistán y Filipinas, entre otros países. Según la información difundida por el Departamento de Justicia, las demandas fueron presentadas ante tribunales federales de distintos estados y del Distrito de Columbia.

El proceso se conoce como desnaturalización. Su objetivo no es revisar de manera general la situación migratoria de una persona, sino determinar si la ciudadanía fue concedida pese a que el solicitante no cumplía los requisitos legales o había ocultado información material durante el trámite.

Qué significa la revisión de la ciudadanía estadounidense

La presentación de una demanda no implica que una persona haya perdido su ciudadanía ni que exista una decisión judicial en su contra. Se trata del inicio de una acción civil en la que el gobierno debe demostrar ante un tribunal federal que la naturalización fue obtenida de manera ilegal o mediante ocultamiento de hechos relevantes o tergiversaciones deliberadas.

Por ese motivo, las acusaciones incluidas en los escritos judiciales no equivalen a hechos definitivamente probados. La pérdida de la ciudadanía depende de la resolución del tribunal competente y de las garantías propias del procedimiento judicial.

Cuándo puede aplicarse la desnaturalización

La Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos permite solicitar la revocación de una naturalización cuando esta fue obtenida ilegalmente o cuando, durante el proceso, la persona ocultó un hecho material o proporcionó información incorrecta de manera deliberada.

Entre las situaciones mencionadas en la información oficial se encuentran el uso de una identidad falsa, el ocultamiento de antecedentes y la entrega de datos incorrectos que podían influir en la evaluación de los requisitos para obtener la ciudadanía. La relevancia jurídica de cada hecho debe ser examinada dentro del expediente correspondiente.

Una condena penal no revoca por sí sola la ciudadanía

La existencia de una condena penal y la desnaturalización son cuestiones diferentes. Una condena puede integrar los fundamentos de la demanda, especialmente si el gobierno sostiene que el delito fue ocultado durante el proceso de naturalización, pero no produce automáticamente la pérdida de la ciudadanía.

La revocación requiere una acción ante la justicia federal. En ese proceso se debe establecer si existió una irregularidad jurídicamente relevante al momento de obtener la naturalización y si se cumplen las condiciones previstas por la legislación migratoria estadounidense.

Los expedientes mencionados por el Departamento de Justicia

Uno de los casos corresponde a Jinchao Wei, un exmarinero de la Armada estadounidense nacido en China. El Departamento de Justicia sostiene que ocultó su actividad de espionaje mientras tramitaba la ciudadanía, que obtuvo en mayo de 2022.

Wei fue condenado en agosto de 2025 por delitos que, según la información suministrada, incluyeron conspiración para cometer espionaje, espionaje y exportación ilegal de información técnica vinculada con artículos de defensa. En enero de 2026 recibió una pena de 200 meses de prisión, equivalente a 16 años y ocho meses. La eventual revocación de su naturalización requiere, de todos modos, una decisión específica en el proceso civil.

Otro expediente involucra a Norma Patricia Esparza, de origen mexicano. El gobierno presentó una demanda en California y afirma que cometió homicidio voluntario antes de naturalizarse y que ocultó esa información durante el trámite de ciudadanía. La fuente disponible no informa una decisión judicial definitiva sobre esa acción.

Qué alcance tienen las 40 demandas

Las nuevas acciones forman parte de una política más amplia del Departamento de Justicia durante la segunda administración de Donald Trump. En agosto de 2026, el organismo informó que había presentado 123 demandas civiles de desnaturalización desde el 20 de enero de 2025 y calificó esa cifra como la mayor registrada hasta ese momento.

También había comunicado anteriormente otros grupos de demandas contra personas naturalizadas a las que acusaba de haber cometido delitos o de haber ocultado información durante sus procesos migratorios. Esas comunicaciones expresan la posición del gobierno y no sustituyen las decisiones de los tribunales que deben resolver cada caso.

Qué debe tener en cuenta una persona naturalizada

Para determinar las consecuencias concretas, resulta necesario identificar el tribunal que interviene, el contenido de la demanda, los hechos atribuidos y la etapa procesal. La nacionalidad de origen o la existencia de una condena no permiten, por sí solas, concluir que la ciudadanía será revocada.

Las personas alcanzadas por una acción de este tipo deben revisar la notificación judicial y buscar asesoramiento de un abogado habilitado en Estados Unidos con experiencia en inmigración y litigios federales. El análisis puede requerir comparar la información presentada durante la naturalización con los hechos que el gobierno considera ocultos o tergiversados.

La decisión queda en manos de la justicia federal

El fiscal general Todd Blanche afirmó en un comunicado de octubre que el Departamento de Justicia continuará utilizando el proceso de desnaturalización para proteger la seguridad nacional y a la población estadounidense. Esa declaración describe la orientación política del organismo, pero no anticipa el resultado de las 40 causas.

La información sobre las demandas fue publicada por La Nación. Hasta que exista una resolución judicial en cada expediente, corresponde distinguir entre las acusaciones del gobierno, las condenas penales que eventualmente existan y la decisión específica sobre la validez de la naturalización.