Condenan a perpetua a un policía bonaerense por el homicidio de Diego Roda

Después de casi diez años de reclamos y de una investigación plagada de irregularidades, un jurado popular de la provincia de Buenos Aires declaró culpable al policía Fernando Grané por el homicidio agravado de Diego Roda, un comerciante de Ituzaingó, y por el intento de homicidio de su pareja, Virginia Tueso. El caso, que había sido inicialmente encubierto por otros efectivos de la Bonaerense, concluye con una condena a prisión perpetua y expone la necesidad de reforzar los mecanismos de control sobre las fuerzas de seguridad.

El veredicto del jurado popular representa el cierre de una larga etapa de búsqueda de justicia encabezada por los padres de la víctima, María del Carmen Peche y Omar Roda. La madre expresó que el fallo le otorgó finalmente un sentido de paz interior: “Hice todo por mi hijo”, afirmó conmovida al conocer la decisión judicial, tras casi una década de insistencia ante distintas dependencias y organismos.

homicidio de Diego Roda: Un proceso judicial marcado por irregularidades y encubrimientos

El crimen ocurrió el 12 de septiembre de 2016 en Ituzaingó, cuando Roda, acompañado por su pareja y su bebé de apenas 12 días, fue alcanzado por disparos efectuados por efectivos de la Policía Bonaerense. La primera versión oficial intentó instalar que la víctima había quedado en medio de un enfrentamiento entre delincuentes y policías. Sin embargo, las pericias posteriores demostraron que los disparos provinieron directamente del arma reglamentaria del entonces oficial Fernando Grané.

Durante los primeros años, la causa estuvo prácticamente paralizada y bajo control de la propia fuerza involucrada. No fue hasta que la investigación pasó a la órbita de la Policía Federal que se descubrieron inconsistencias graves en el acta policial y en los testimonios iniciales. La bala analizada por los peritos federales demostró que el disparo fatal provenía de un agente de la Bonaerense, lo que permitió reencauzar el expediente y desarticular el intento de encubrimiento.

El rol de la CORREPI y la reconstrucción clave del hecho

La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), a través del abogado Ismael Jalil, tuvo un papel determinante en la reapertura del proceso. La reconstrucción impulsada por la organización permitió ubicar a los policías Grané y Gerardo San Miguel disparando hacia el vehículo de Roda, lo que modificó completamente la hipótesis inicial del caso. Esta instancia fue fundamental para que el jurado determinara la responsabilidad directa del acusado y la participación de otros efectivos en el encubrimiento posterior.

Condenas adicionales por encubrimiento y falso testimonio

Además de la condena principal contra Grané, otros agentes fueron sentenciados por su participación en maniobras de encubrimiento. El ex comisario Daniel Pérez y el ex policía Maximiliano Ramos recibieron condenas condicionales de tres años por haber presentado documentación falsa y obstaculizado la investigación. La oficial Camila Pazos fue penada con igual tiempo en suspenso por falso testimonio.

Otros dos civiles, Alejandro Salomón y Johana Vukman, también fueron condenados a dos años de prisión por haber prestado declaraciones falsas que desviaron la línea investigativa en los primeros tramos del expediente. Por su parte, Sergio Barrientos y el oficial Diego Carreiras aún deben enfrentar juicio por su presunta intervención en el mismo encubrimiento.

El impacto humano de una década de espera judicial

La dimensión emocional del fallo fue evidente en la sala del tribunal. Los hijos de Roda —dos adultos y un niño que solo conoció a su padre por fotografías— presenciaron el veredicto con lágrimas. El más pequeño, que tenía apenas 12 días cuando ocurrió el crimen, hoy es un niño de 10 años que llevó una remera con la frase “Se hizo justicia para mi papá”. Esta imagen sintetiza el sentido simbólico que el fallo tiene para la familia y para quienes acompañaron el proceso.

Para el abogado Jalil, la decisión del jurado no puede considerarse un triunfo, sino un alivio tras un proceso doloroso: “No hay victorias en un caso así, pero sí una señal de que la verdad puede abrirse camino, incluso frente a estructuras que buscan ocultarla”, afirmó tras la audiencia.

Responsabilidad penal y control institucional de las fuerzas

El caso Roda vuelve a poner en el centro del debate la responsabilidad penal de los agentes de seguridad en actos cometidos en ejercicio de sus funciones. La figura de homicidio agravado por pertenecer a una fuerza policial, prevista en el Código Penal argentino, busca sancionar con mayor severidad los abusos de poder y reforzar el principio de legalidad que rige toda actuación pública.

En este contexto, organismos de derechos humanos y juristas advierten sobre la necesidad de fortalecer los sistemas de control interno, la independencia de las investigaciones y la transparencia en los procedimientos disciplinarios. El retraso de casi diez años en llegar a una condena refleja, en parte, las dificultades estructurales que enfrenta el sistema judicial para sancionar a miembros de las fuerzas policiales.

Audiencia de cesura y definición de la pena

El tribunal confirmó que en agosto podría celebrarse la audiencia de cesura, paso procesal que determinará la ejecución formal de la pena de prisión perpetua prevista para el delito atribuido a Grané. Aunque la decisión del jurado popular ya implica su culpabilidad, la audiencia permitirá definir las condiciones específicas del cumplimiento y la eventual pérdida de beneficios penitenciarios.

Desde el punto de vista jurídico, este procedimiento constituye la culminación de un juicio oral con veredicto popular y refuerza la tendencia a una mayor participación ciudadana en la administración de justicia penal, especialmente en casos de violencia institucional.

El precedente judicial y su repercusión en otros casos

El fallo contra Grané podría convertirse en referencia para procesos similares en la provincia y en el ámbito federal. En los últimos años, los tribunales han mostrado una creciente disposición a valorar la prueba pericial independiente y a cuestionar las versiones oficiales elaboradas por las propias fuerzas. Este cambio de paradigma aporta un elemento de esperanza para familiares de víctimas de violencia estatal que aún esperan justicia.

El enfoque adoptado por el jurado en este caso —basado en la prueba balística y en la reconstrucción independiente— refuerza la importancia del control civil sobre las fuerzas armadas y de seguridad, aspecto recomendado también por organismos internacionales de derechos humanos.

Consecuencias jurídicas y reformas pendientes

Desde la óptica del derecho penal y procesal, el caso evidencia la necesidad de revisar los protocolos de actuación en situaciones de persecución y uso de armas reglamentarias. La legislación vigente establece que el empleo de la fuerza letal solo puede justificarse ante una amenaza inminente y proporcional, criterio que no se cumplió en el episodio que costó la vida de Roda.

Además, la actuación posterior de los efectivos —documentos falsos, testimonios inducidos y manipulación del expediente— pone de relieve la importancia de sancionar el encubrimiento como delito autónomo, con penas efectivas que disuadan la complicidad institucional.

Implicancias del fallo Roda en la transparencia judicial y la confianza pública

El caso Diego Roda representa mucho más que una condena individual: refleja la tensión entre la justicia penal y las estructuras de poder policial. Para muchos observadores del ámbito jurídico, el fallo podría ser un punto de inflexión hacia una mayor transparencia institucional y una renovación de la confianza ciudadana en el sistema judicial bonaerense.

La decisión del jurado popular también genera un efecto pedagógico dentro de las fuerzas de seguridad: reafirma que el uso abusivo de la autoridad y la manipulación de pruebas no quedarán impunes. De confirmarse la perpetua, Grané se convertirá en uno de los pocos efectivos condenados con esa pena por un hecho de violencia institucional. El desafío que se abre ahora es consolidar mecanismos judiciales más ágiles para prevenir que episodios similares requieran una década de espera para alcanzar justicia.

La noticia original puede consultarse en el portal de Clarín.