Justicia va a los Barrios: orientación sobre alimentos y cuidados en Paraná

La orientación judicial en Paraná volvió a desplegarse fuera de las sedes tradicionales de los tribunales mediante una nueva jornada de “Justicia va a los Barrios”. La actividad se realizó en el Centro Comunitario N.º 3 “Josefina Zubizarreta” y permitió que vecinos y vecinas consultaran de manera directa sobre cuota alimentaria, cuidados parentales, adopción, cuestiones de género, discapacidad y otros trámites vinculados con el acceso a derechos.

La iniciativa es impulsada por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos a través del Instituto de Formación y Perfeccionamiento Judicial “Dr. Juan Bautista Alberdi”. Según la información oficial difundida por el Poder Judicial entrerriano, el programa funciona desde 2022 con el objetivo de acercar información, orientación y asesoramiento a comunidades que pueden encontrar dificultades para trasladarse hasta los edificios judiciales o identificar cuál es el organismo competente para atender su situación.

Para ampliar el marco general del tema, conviene revisar también esta orientación judicial en Paraná como referencia de contexto.

La jornada desarrollada en Paraná tuvo una duración aproximada de tres horas y ofreció atención personalizada. La propuesta no reemplaza la intervención formal de un juzgado, una fiscalía, una defensoría u otro organismo público, pero permite aclarar los primeros pasos, identificar recursos disponibles y evitar que una persona quede paralizada frente a un problema jurídico que requiere respuesta.

La fuente original de la actividad puede consultarse en el sitio oficial del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

La orientación judicial en Paraná priorizó alimentos y cuidados parentales

Una parte importante de las consultas estuvo vinculada con la cuota alimentaria y los cuidados parentales. Se trata de dos áreas del derecho de familia que suelen generar dudas urgentes, especialmente cuando existen niñas, niños o adolescentes involucrados, cuando los adultos responsables no logran acordar una modalidad de cuidado o cuando el aporte económico necesario para sostener la vida cotidiana no se cumple.

La cuota alimentaria no se limita a la provisión de comida. En el marco del derecho argentino, comprende las necesidades ordinarias y extraordinarias relacionadas con alimentación, vivienda, vestimenta, educación, salud, transporte y desarrollo integral, de acuerdo con las circunstancias de cada grupo familiar. Su determinación no depende únicamente de los ingresos formales de quien debe pagar, sino también de las necesidades de los hijos y de las posibilidades concretas de ambos progenitores.

Los cuidados parentales, por su parte, abarcan las responsabilidades vinculadas con la crianza, la organización de la vida cotidiana y la toma de decisiones respecto de los hijos. Una consulta inicial puede servir para conocer las alternativas de acuerdo, mediación o presentación judicial, según la urgencia y las características del conflicto. También permite diferenciar una dificultad de comunicación entre adultos de una situación que puede comprometer derechos de niños, niñas o adolescentes.

Qué organismos participaron de la jornada comunitaria

La atención fue articulada entre distintas áreas del Poder Judicial y organismos públicos. Participaron la vocal del Superior Tribunal de Justicia y directora ad honorem del Instituto Alberdi, Susana Medina; la fiscal Valentina Ayala; el defensor Tulio Rodríguez Signes; el juez Penal de Niños, Niñas y Adolescentes, Pablo Barbirotto; y la jueza de Paz Marcela Cottet.

También intervinieron la secretaria del Juzgado de Paz, Andrea Panero; integrantes del Equipo Técnico del Registro Único de Adoptantes de Entre Ríos, Florencia Fita y Agustina Butta; y representantes del Centro Judicial de Género, Laura Desayes y Yamila Faisal Neme Sacks. Por el Instituto Alberdi participaron Cynthia Troncoso y Mariana Acosta.

La presencia del Instituto Provincial de Discapacidad y del Centro de Atención Primaria de la Salud Puerto Viejo amplió el alcance de la propuesta. Esa participación resulta relevante porque numerosos conflictos o consultas jurídicas no aparecen aislados: pueden estar relacionados con la necesidad de acceder a una prestación de salud, tramitar un certificado, recibir apoyos por discapacidad, obtener protección ante una situación de violencia o resolver un problema familiar.

La coordinación interinstitucional permite derivar cada caso hacia el espacio que corresponda. Una persona puede necesitar información judicial, pero también asistencia social, atención sanitaria, patrocinio letrado, intervención administrativa o acompañamiento especializado. Reconocer esa diferencia evita iniciar trámites equivocados y facilita que la respuesta sea más rápida y adecuada.

El programa busca reducir barreras para acceder a derechos

El acceso a la Justicia no depende solamente de que existan juzgados y normas. También requiere que la población conozca sus derechos, pueda identificar la autoridad competente, comprenda qué documentación debe reunir y tenga la posibilidad material de iniciar o continuar un trámite. La distancia, los horarios laborales, la falta de conectividad, el desconocimiento técnico y el temor a presentarse ante una institución pueden convertirse en obstáculos concretos.

“Justicia va a los Barrios” procura atender esas barreras mediante espacios de consulta instalados en lugares cercanos a la comunidad. El formato permite explicar procedimientos en un lenguaje más accesible y orientar a las personas antes de que concurran a una oficina judicial. En asuntos de familia, esa instancia puede ser determinante para saber si corresponde solicitar una medida urgente, acudir a una defensoría, recurrir al Juzgado de Paz o buscar una solución acordada.

La orientación tampoco implica prometer un resultado ni anticipar una decisión judicial. Cada expediente debe resolverse conforme a sus hechos, la prueba disponible, las normas aplicables y las garantías del debido proceso. Por eso, la función de estas jornadas consiste principalmente en brindar información confiable, ordenar la demanda y facilitar el contacto con la institución que debe intervenir.

La consulta inicial no reemplaza el asesoramiento profesional

Quienes concurren a una actividad de estas características deben distinguir entre una orientación general y el patrocinio jurídico que puede requerir una presentación formal. Cuando existe un conflicto complejo, una notificación judicial, una denuncia, una situación de violencia o un plazo procesal en curso, resulta importante informar todos los antecedentes y consultar si corresponde contar con un abogado o una defensa pública.

También es recomendable conservar partidas, documentos de identidad, constancias médicas, comprobantes de gastos, comunicaciones relevantes y cualquier otra documentación relacionada con el problema. No todos los trámites exigen los mismos elementos, pero reunir la información básica facilita la evaluación inicial y evita reiterar consultas sin datos suficientes.

Familias, adopción y género: áreas que requieren respuestas coordinadas

La participación del Registro Único de Adoptantes de Entre Ríos permitió incorporar información sobre los procedimientos de adopción y los requisitos que deben conocer quienes desean iniciar ese camino. La inscripción y la evaluación de aspirantes no constituyen una garantía de asignación de un niño, niña o adolescente, porque el sistema debe priorizar el interés superior y las necesidades concretas de cada caso.

El Centro Judicial de Género, a su vez, aportó una perspectiva especializada para consultas relacionadas con violencia y desigualdades que pueden afectar el acceso a las instituciones. En estas situaciones, la orientación debe considerar la seguridad de la persona afectada, la existencia de riesgos, la necesidad de medidas de protección y la intervención de los organismos competentes. La respuesta no puede reducirse a indicar un trámite si hay una situación que exige atención inmediata.

El abordaje conjunto resulta especialmente importante cuando un mismo grupo familiar atraviesa varias dificultades. Por ejemplo, una persona puede consultar por alimentos y, durante la entrevista, manifestar que existe violencia, discapacidad o problemas de salud que inciden en la organización de los cuidados. La articulación permite evitar derivaciones fragmentadas y facilita que el caso sea examinado desde sus distintas dimensiones.

Qué debe tener en cuenta quien necesita iniciar un trámite

Antes de realizar una presentación, es útil definir con claridad cuál es el problema, quiénes están involucrados y qué respuesta se necesita. En asuntos de familia, conviene identificar si existe un acuerdo previo, una resolución judicial, una cuota fijada o una situación de incumplimiento. En materia de cuidados, es importante precisar cómo se organiza actualmente la convivencia y si existe alguna circunstancia que pueda afectar a los niños o adolescentes.

La persona también debería preguntar cuál es el organismo competente, si el trámite puede iniciarse en forma presencial o digital, qué documentación se requiere y si existen alternativas de patrocinio gratuito. La disponibilidad de una herramienta digital no significa que todos los usuarios tengan las mismas condiciones de acceso, por lo que la orientación presencial conserva relevancia para quienes enfrentan dificultades tecnológicas o de conectividad.

Cuando hay una urgencia, la consulta debe expresarlo desde el comienzo. No tiene el mismo tratamiento una duda general sobre una futura demanda que una situación de violencia, una vulneración actual de derechos, la falta de alimentos para un niño o el vencimiento próximo de un plazo. La claridad sobre la urgencia ayuda a que la derivación sea adecuada.

La presencia territorial también mejora la información pública judicial

Las jornadas barriales cumplen una función adicional: permiten conocer cuáles son los problemas que llegan con mayor frecuencia a una comunidad. Esa información puede servir para ajustar campañas de difusión, fortalecer servicios de orientación y detectar trámites que presentan obstáculos recurrentes. No significa que cada consulta produzca una modificación normativa, pero sí aporta elementos para mejorar la relación entre las instituciones y la ciudadanía.

Para el Poder Judicial, acercarse a los barrios también supone explicar los límites de su intervención. Hay cuestiones que corresponden a organismos administrativos, servicios de salud, áreas de desarrollo social o autoridades locales. Informar esa diferencia contribuye a evitar expectativas incorrectas y a orientar a las personas hacia el canal que efectivamente puede resolver su necesidad.

Cómo puede influir la orientación territorial en la visibilidad de los servicios jurídicos

Desde una perspectiva de acceso a la información, estas iniciativas también modifican la manera en que las personas buscan ayuda. Una institución que ofrece datos claros sobre alimentos, cuidados parentales, adopción o violencia puede facilitar que los usuarios encuentren contenidos oficiales y confiables antes de acudir a fuentes informales. La visibilidad pública de los servicios judiciales debe estar acompañada por información precisa, actualizada y comprensible.

Para organismos y profesionales, esto implica describir los trámites con lenguaje directo, indicar requisitos verificables y explicar cuándo una consulta general no alcanza para resolver un caso concreto. La información digital puede complementar la atención territorial, pero no debería convertirse en una barrera adicional para quienes no tienen conectividad o necesitan explicar circunstancias particulares.

La jornada realizada en el Centro Comunitario “Josefina Zubizarreta” muestra que el acceso a la Justicia requiere presencia institucional, coordinación y capacidad de escucha. Para quienes atraviesan un conflicto familiar o necesitan iniciar un trámite, contar con una primera orientación puede ser el paso que permita identificar derechos, reunir documentación y llegar al organismo adecuado con mayor claridad.