JUFEJUS convoca a las IV Jornadas del Foro de Oficinas Judiciales

Las IV Jornadas del Foro de Oficinas Judiciales se realizarán el 3 de septiembre de 2026 en la sede de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JUFEJUS), ubicada en la Ciudad de Buenos Aires. La actividad reunirá a representantes de los poderes judiciales provinciales y porteño para intercambiar experiencias sobre conducción institucional, producción de información y evaluación de la gestión.

El encuentro fue organizado por el Foro de Oficinas Judiciales de las Provincias Argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un espacio de trabajo que articula experiencias de organismos encargados de brindar apoyo administrativo, técnico y operativo a los tribunales. La agenda combina exposiciones, presentación de documentos y debates entre integrantes de distintas jurisdicciones.

Para ampliar el marco general del tema, conviene revisar también esta Foro de Oficinas Judiciales como referencia de contexto.

Según informó el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, la jornada comenzará a las 9 con la acreditación de los asistentes y la apertura institucional. El programa se extenderá hasta las 16 e incluirá la elaboración de un documento final con las conclusiones del trabajo realizado.

Las IV Jornadas del Foro de Oficinas Judiciales pondrán el foco en la gestión

La convocatoria tiene relevancia dentro del proceso de modernización de la administración de justicia porque coloca en el centro a las oficinas judiciales y a las herramientas que permiten organizar su funcionamiento. Estas áreas cumplen tareas vinculadas con la coordinación de audiencias, la administración de recursos, la gestión de expedientes, el seguimiento de plazos y la generación de información para la toma de decisiones.

El funcionamiento de una oficina judicial no se limita a una cuestión interna de organización. Sus procedimientos pueden incidir en la duración de los procesos, en la disponibilidad de información para abogados y partes, en la asignación de recursos y en la capacidad de los tribunales para responder a la demanda de servicio de justicia.

Por ese motivo, el intercambio entre jurisdicciones permite comparar prácticas, detectar problemas comunes y evaluar soluciones que luego podrían adaptarse a las particularidades de cada poder judicial. Esa coordinación no implica uniformar los sistemas procesales ni desplazar las competencias locales, sino construir criterios de gestión compatibles con los marcos normativos de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Liderazgo institucional y capacitación para quienes conducen oficinas judiciales

Durante la mañana, la Comisión de Liderazgo presentará el trabajo desarrollado en el marco del Foro. También se expondrá el reporte de la capacitación titulada “Quise ser líder pero fallé”, a cargo de Melina Jajamovich, y se presentará el libro que reúne relatos vinculados con liderazgo, resistencia y aprendizaje en oficinas judiciales.

El abordaje del liderazgo en estos organismos tiene una dimensión práctica. Las oficinas judiciales trabajan con equipos interdisciplinarios, deben coordinar tareas sometidas a plazos y necesitan responder a cambios normativos, tecnológicos y procesales. En ese contexto, la conducción no depende únicamente de la autoridad formal del cargo: también requiere capacidad para distribuir responsabilidades, comunicar decisiones, gestionar conflictos y acompañar procesos de transformación.

La capacitación puede resultar especialmente relevante para quienes ocupan funciones de coordinación o supervisión. En el ámbito judicial, una modificación en los circuitos de trabajo suele afectar a magistrados, funcionarios, empleados, abogados litigantes y personas que concurren a los tribunales. La manera en que se comunica e implementa ese cambio puede determinar si una herramienta mejora el servicio o genera nuevas dificultades.

Aprendizaje organizacional y responsabilidad funcional

La referencia al error y al aprendizaje también permite analizar la gestión desde una perspectiva institucional. Reconocer fallas en los procedimientos no significa relativizar las obligaciones legales ni las responsabilidades disciplinarias que pudieran corresponder en cada caso. Significa, en cambio, identificar obstáculos operativos para corregirlos con criterios verificables y sin afectar las garantías de las partes.

En un sistema de justicia, cualquier mejora debe respetar principios como el debido proceso, la igualdad de las partes, el acceso a la información procesal y la tutela judicial efectiva. Por eso, las decisiones de gestión no pueden evaluarse solamente por su rapidez: también deben considerar su impacto sobre la calidad de las resoluciones, la trazabilidad de las actuaciones y la posibilidad de ejercer adecuadamente los derechos procesales.

Observatorio judicial: relevamiento, digesto y taxonomía

La Comisión de Observatorio presentará sus trabajos y abrirá un debate sobre tres herramientas: relevamiento, digesto y taxonomía. Aunque el programa no detalla el alcance definitivo de cada iniciativa, esos conceptos se vinculan con la construcción ordenada de información institucional y normativa.

Un relevamiento puede permitir conocer cómo funcionan las oficinas judiciales en las distintas jurisdicciones, qué tareas desarrollan, qué recursos utilizan y cuáles son sus principales dificultades. Para que sea útil, debería contemplar criterios comparables y dejar identificadas las diferencias que obedecen a la estructura procesal, al volumen de litigiosidad o a la organización propia de cada tribunal.

El digesto, por su parte, puede contribuir a sistematizar normas, reglamentos, acordadas y protocolos relacionados con la actividad de las oficinas judiciales. La disponibilidad de esa información ordenada facilita la consulta por parte de funcionarios, empleados y profesionales del derecho, aunque su valor depende de que los documentos se mantengan actualizados y se indique con claridad si una disposición fue modificada, sustituida o derogada.

La taxonomía apunta a clasificar conceptos, trámites, documentos o tipos de actuación mediante categorías comunes. Una clasificación consistente puede mejorar la búsqueda de información, reducir ambigüedades y facilitar la elaboración de reportes. Sin embargo, requiere reglas claras, capacitación y controles periódicos para evitar que distintas oficinas utilicen denominaciones diferentes para situaciones equivalentes.

Indicadores de gestión para evaluar el funcionamiento judicial

La agenda de la tarde estará dedicada a la Comisión de Indicadores, que presentará sus trabajos y abrirá un espacio de intercambio. Los indicadores de gestión son instrumentos destinados a observar el desempeño de una organización mediante datos definidos previamente. En el ámbito judicial pueden referirse, entre otros aspectos, a la cantidad de causas ingresadas, el estado de los trámites, los tiempos de respuesta, las audiencias realizadas o la capacidad de resolución.

Estos datos deben interpretarse con prudencia. Una oficina que registra más expedientes concluidos no necesariamente ofrece un mejor servicio si esa cifra se obtiene a costa de decisiones apresuradas o de una clasificación que no refleja la complejidad real de los casos. Del mismo modo, la duración de un proceso puede estar condicionada por pericias, notificaciones, conducta de las partes, disponibilidad de organismos auxiliares o características específicas del conflicto.

Por eso, un sistema de indicadores serio debe combinar información cuantitativa con variables cualitativas y con explicaciones sobre el contexto. También resulta necesario definir quién produce los datos, con qué metodología se validan y qué uso se les dará. La transparencia en esos criterios es importante para evitar comparaciones incompletas entre jurisdicciones o conclusiones que no contemplen las diferencias estructurales.

Datos, privacidad y trazabilidad de las decisiones

La producción de información judicial debe compatibilizarse con las reglas de protección de datos personales, reserva de actuaciones y confidencialidad cuando corresponda. Los reportes destinados a la gestión pueden requerir datos agregados o anonimizados para impedir la identificación de personas involucradas en procesos sensibles.

Además, la trazabilidad permite saber de dónde surge cada dato, cuándo fue incorporado y qué modificación sufrió. Ese aspecto es relevante tanto para controlar la calidad de la información como para fundamentar decisiones administrativas. La digitalización de expedientes y sistemas no elimina la necesidad de establecer responsabilidades sobre el registro, la conservación y la seguridad de los datos.

Qué puede aportar el trabajo conjunto entre las provincias y CABA

La participación de representantes de las provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ofrece un ámbito para identificar problemas compartidos sin desconocer la autonomía de cada sistema judicial. Las diferencias de estructura, competencia y normativa pueden enriquecer el debate, porque permiten observar cómo se resolvieron desafíos similares bajo condiciones distintas.

La coordinación también puede favorecer la elaboración de documentos de referencia, criterios comunes de clasificación y propuestas de capacitación. Para que esos resultados tengan efecto concreto, deberán traducirse en protocolos aplicables, sistemas de información interoperables o pautas que cada tribunal pueda incorporar mediante sus propios mecanismos institucionales.

El documento final previsto para las 15 tendrá, en ese sentido, un valor relevante como registro del intercambio. No obstante, sus conclusiones no deben confundirse con normas obligatorias. La implementación de cualquier medida dependerá de las autoridades competentes y, cuando corresponda, de la aprobación de acordadas, reglamentos o disposiciones específicas.

Implicancias legales de medir y organizar la actividad de las oficinas judiciales

Para abogados, litigantes y personas que participan en procesos judiciales, una mejor organización de las oficinas puede traducirse en circuitos más previsibles, información más accesible y menor incertidumbre sobre el estado de los trámites. No se trata de una garantía automática de rapidez, pero sí de una condición que puede contribuir a reducir demoras evitables y errores administrativos.

En el caso de las empresas, especialmente aquellas que intervienen en numerosos litigios, la existencia de datos consistentes puede facilitar el seguimiento de expedientes y la planificación de estrategias procesales. Sin embargo, los indicadores institucionales no reemplazan la consulta del expediente ni habilitan a anticipar el resultado de un juicio. Su utilidad está vinculada con la gestión general y no con la sustitución del análisis jurídico de cada caso.

Los profesionales deberán prestar atención a las comunicaciones oficiales de cada poder judicial, ya que cualquier modificación en los sistemas de turnos, presentación electrónica, consulta de expedientes o funcionamiento de las mesas de entradas debe ser informada por los canales correspondientes. La existencia de un foro nacional no elimina las reglas locales aplicables a cada trámite.

La coordinación del Foro de Oficinas Judiciales está a cargo de Claudia Mizawak, vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, y de Germán Busamia, vocal del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén. La realización de las jornadas permitirá conocer los avances de las comisiones y las conclusiones que se adopten en materia de liderazgo, observatorio e indicadores.

Para quienes necesitan iniciar o seguir un expediente, la referencia principal seguirá siendo la normativa y la información oficial de la jurisdicción interviniente. Las herramientas de gestión pueden mejorar el funcionamiento institucional, pero los derechos, plazos y cargas procesales deben verificarse siempre en las fuentes aplicables al caso concreto.