Nuevo régimen penal juvenil: cómo impactará en la Justicia porteña

El nuevo régimen penal juvenil modificará el trabajo del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires desde el 5 de septiembre, según lo expuesto durante una jornada que reunió a autoridades judiciales, fiscales, defensores y especialistas en materia penal juvenil. El debate se concentró en la distribución de competencias, la aplicación de la Ley 27.801 y la necesidad de sostener intervenciones especializadas, equipos interdisciplinarios y herramientas de justicia restaurativa.

La entrada en vigencia de la Ley 27.801 abrió un debate institucional sobre la forma en que deberán actuar los organismos judiciales frente a hechos atribuidos a adolescentes. La cuestión adquiere una dimensión particular en la Ciudad de Buenos Aires, donde el proceso de transferencia de competencias penales continúa redefiniendo las responsabilidades del fuero local y su relación con las estructuras nacionales.

Para ampliar el marco general del tema, conviene revisar también esta nuevo régimen penal juvenil como referencia de contexto.

El tema fue analizado durante la jornada “Nuevo Régimen Penal Juvenil y su impacto en el Poder Judicial de la Ciudad”, realizada ante una sala colmada y moderada por Vanesa Siley, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Ciudad de Buenos Aires, y Federico Romano. Participaron Carolina Stanley, asesora general tutelar de la Ciudad; Javier Alejandro Buján, presidente de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas; Eduardo Javier Riggi, fiscal general adjunto en lo Penal y Contravencional; Ariel Rebour, defensor interino a cargo de una defensoría especializada en penal juvenil; y Laura De Marinis, titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N.° 3.

La actividad fue difundida por el Instituto de Estudios Judiciales, que presentó las principales intervenciones y los desafíos que plantea la reforma para magistrados, fiscales, defensores, equipos técnicos y organismos vinculados con la protección integral de derechos.

El nuevo régimen penal juvenil y el cambio de escenario en la Ciudad

Durante la jornada se señaló que la Ley 27.801 comenzará a regir el 5 de septiembre. La implementación de una norma de estas características no depende únicamente de su publicación o de la fijación de una fecha de vigencia: también exige adecuar procedimientos, definir responsabilidades, coordinar organismos y garantizar que las personas adolescentes reciban una respuesta compatible con las reglas especiales que rigen en materia penal juvenil.

Javier Buján vinculó la reforma con un proceso institucional más amplio. En particular, recordó la transferencia de competencias entre el Estado nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mediante la cual un fuero completo pasó a la órbita local. Ese antecedente resulta central para comprender por qué la aplicación del nuevo régimen tendrá efectos concretos sobre la organización judicial porteña.

La transferencia no implica solamente modificar el organismo que interviene en una causa. También puede requerir revisar circuitos de ingreso, reglas de actuación, mecanismos de coordinación, disponibilidad de defensas especializadas y capacidad de los juzgados para adoptar decisiones que contemplen la edad, la situación familiar y el contexto social de cada adolescente.

La Ley 2.451 como antecedente de la práctica penal juvenil porteña

En su exposición, Buján también se refirió a la Ley 2.451 de la Ciudad de Buenos Aires, que estableció un marco específico para el régimen procesal penal juvenil local. Según explicó, la experiencia acumulada durante su aplicación permitió identificar herramientas, dificultades y aprendizajes derivados del trabajo cotidiano con adolescentes y de la intervención de equipos interdisciplinarios.

La referencia es relevante porque las reformas penales juveniles no se aplican en un vacío institucional. Los tribunales ya cuentan con prácticas, protocolos y criterios desarrollados a lo largo del tiempo. La nueva normativa deberá articularse con ese recorrido, evitando que el cambio legislativo genere respuestas fragmentadas o produzca demoras que afecten las garantías de las personas involucradas.

En este campo, la especialización tiene consecuencias jurídicas concretas. El análisis de un caso no puede limitarse a determinar si existió un hecho y quién habría participado. También debe considerar las condiciones particulares del adolescente, el grado de comprensión de la conducta, las alternativas de intervención y la finalidad de las medidas que eventualmente se adopten.

Por qué los equipos interdisciplinarios ocupan un lugar central

Laura De Marinis destacó que el Poder Judicial porteño cuenta con equipos interdisciplinarios especializados y con experiencia en el abordaje de casos penales juveniles. La jueza remarcó que ese trabajo se refleja en la intervención cotidiana de profesionales que aportan conocimientos ajenos al estrictamente jurídico, pero indispensables para una decisión adecuada.

La participación de psicólogos, trabajadores sociales y otros especialistas permite incorporar información sobre el entorno del adolescente, sus vínculos, su trayectoria educativa, sus condiciones de vida y los recursos disponibles para acompañar una eventual medida. Esa información no reemplaza la función judicial, pero contribuye a que las decisiones sean más completas y respetuosas de los principios que orientan la justicia juvenil.

La disponibilidad de estos equipos también impacta en los tiempos procesales. Si la estructura técnica resulta insuficiente, pueden acumularse evaluaciones pendientes, entrevistas demoradas o informes incompletos. Por ese motivo, De Marinis planteó la necesidad de ampliar las estructuras existentes para sostener la calidad del servicio de justicia.

El desafío no se limita a incorporar personal. También comprende la capacitación permanente, la coordinación entre áreas, la preservación de la confidencialidad y la elaboración de criterios de intervención que eviten respuestas estandarizadas. Cada expediente requiere una evaluación individual, especialmente cuando están en juego derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes.

Justicia restaurativa y el programa Senderos

Otro de los puntos destacados durante la actividad fue la creación del programa de práctica restaurativa “Senderos”, impulsado por el equipo interdisciplinario de la Secretaría de Infancia y Adolescencia. Buján explicó que la iniciativa toma como referencia una experiencia desarrollada en la provincia de Buenos Aires y mencionó como uno de sus aspectos favorables la baja tasa de reincidencia asociada a ese modelo.

La justicia restaurativa busca que la respuesta frente a un hecho dañoso no se concentre exclusivamente en la sanción. Según las características del caso, puede promover la comprensión de las consecuencias de la conducta, la participación responsable del adolescente y la reparación posible del daño causado. Su aplicación requiere consentimiento, garantías, supervisión institucional y una evaluación cuidadosa de la situación de la víctima.

La incorporación de este tipo de herramientas no significa eliminar el proceso penal ni imponer acuerdos de manera automática. Tampoco permite trasladar mecánicamente experiencias de otras jurisdicciones. El programa deberá desarrollarse dentro del marco legal aplicable, con intervención de las autoridades competentes y sin afectar el derecho de defensa ni la protección de quienes sufrieron el hecho.

Para profesionales del derecho, la existencia de una herramienta restaurativa puede abrir alternativas procesales que deberán analizarse caso por caso. Para las familias, implica que la respuesta estatal podría incluir medidas de acompañamiento, reparación o responsabilización distintas de una lógica exclusivamente punitiva. La viabilidad concreta dependerá de la norma aplicable, de las circunstancias del expediente y de la evaluación de los equipos especializados.

El rol de fiscales, defensores y magistrados ante la reforma

La implementación del nuevo régimen demandará una coordinación estrecha entre todos los actores del sistema. La Fiscalía deberá investigar respetando las garantías específicas de la adolescencia y valorar las alternativas previstas por la legislación. La defensa tendrá que asegurar una participación efectiva del adolescente, explicar las consecuencias de cada decisión y controlar que no existan acuerdos o medidas adoptados sin comprensión suficiente.

Los juzgados, por su parte, deberán resolver con criterios de especialidad y controlar que las medidas sean proporcionales, fundadas y adecuadas a la situación individual. La intervención de la Asesoría General Tutelar también resulta significativa cuando se encuentran comprometidos derechos de niños, niñas y adolescentes, en particular frente a posibles situaciones de vulnerabilidad.

El diseño institucional debe garantizar que la persona adolescente sea escuchada de acuerdo con su edad y grado de madurez. Esto exige emplear un lenguaje comprensible, informar sobre el estado del proceso y evitar que la participación se reduzca a una formalidad. La asistencia letrada debe ser real y permanente, no limitada a una comparecencia puntual.

La reforma también puede generar interrogantes sobre la articulación entre organismos nacionales y locales. Mientras se consolida la distribución de competencias, será necesario establecer canales claros para evitar conflictos jurisdiccionales, derivaciones innecesarias o demoras en la atención de medidas urgentes.

Qué deberán observar las familias y las personas involucradas

Las familias de adolescentes que enfrenten una investigación penal deben procurar asesoramiento jurídico especializado desde las primeras actuaciones. La edad de la persona involucrada, el tipo de hecho investigado, la autoridad que interviene y la etapa procesal son datos determinantes para conocer los derechos disponibles y las alternativas posibles.

También es importante distinguir entre una citación, una entrevista, una medida de protección y una decisión judicial. No todas las comunicaciones tienen el mismo alcance ni producen las mismas consecuencias. Ante una convocatoria, resulta prudente verificar qué organismo la emitió, en qué carácter debe presentarse el adolescente y si corresponde la asistencia de un defensor.

La participación de equipos interdisciplinarios no debe interpretarse como una sanción. Su función puede consistir en evaluar condiciones personales, elaborar informes, proponer apoyos o colaborar con una estrategia restaurativa. Sin embargo, cualquier intervención debe respetar la intimidad, la dignidad y las garantías procesales del adolescente.

Para los operadores judiciales y organismos públicos, el cambio legislativo obliga a revisar formularios, circuitos internos, sistemas de turnos, mecanismos de notificación y criterios de derivación. Las organizaciones que trabajan con infancia y adolescencia también deberán seguir la reglamentación y las pautas que se establezcan para la implementación.

La implementación del nuevo régimen penal juvenil también definirá la información jurídica disponible

La entrada en vigencia de la Ley 27.801 tendrá una consecuencia adicional para estudios jurídicos, organismos públicos y entidades que brindan orientación legal: deberán actualizar de manera precisa la información dirigida a la ciudadanía. Explicar una norma nueva exige diferenciar entre el texto legal, su reglamentación, las prácticas institucionales y los criterios que eventualmente surjan de los tribunales.

La visibilidad orgánica de los contenidos jurídicos dependerá de que las publicaciones respondan preguntas concretas sin presentar como definitivas cuestiones que todavía estén sujetas a implementación. Una página que informe sobre el nuevo régimen deberá aclarar su fecha de vigencia, identificar el ámbito territorial, distinguir las competencias locales de las nacionales y señalar que la aplicación práctica puede variar según las circunstancias del caso.

Para los negocios digitales vinculados con servicios legales, esto implica revisar las páginas de asesoramiento, los formularios de contacto y las respuestas automatizadas. Una explicación imprecisa podría inducir a una familia a desconocer una citación o a creer que una herramienta restaurativa se aplica automáticamente. La información debe incluir advertencias claras sobre la necesidad de consultar a un profesional y evitar promesas sobre resultados judiciales.

La actualización también debería alcanzar los contenidos dirigidos a profesionales. Abogados, defensores y representantes de organizaciones necesitan acceder a materiales que distingan conceptos como competencia, especialidad, intervención tutelar, justicia restaurativa y medidas procesales. Una comunicación jurídicamente responsable debe apoyarse en fuentes oficiales o institucionales confiables y reflejar los cambios que se produzcan durante la transición.

El nuevo régimen penal juvenil plantea, así, una exigencia doble: adaptar la estructura judicial y comunicar sus alcances con precisión. La calidad de la respuesta dependerá de que la normativa se aplique con especialización, de que los equipos cuenten con recursos suficientes y de que adolescentes y familias conozcan sus derechos antes de tomar decisiones dentro de un proceso.