Caso Lautaro Servín: cómo la prueba balística llevó a dos detenidos

El caso Lautaro Servín avanzó con la detención de dos sospechosos acusados de participar en el homicidio del adolescente de 17 años, asesinado durante un robo en San Francisco Solano, partido de Almirante Brown. La investigación combinó registros de cámaras, testimonios, una pericia balística, información extraída de teléfonos celulares y la identificación de una motocicleta presuntamente utilizada durante el ataque.

La causa investiga la muerte de Lautaro Servín, quien fue baleado cuando intentó asistir a su padre durante un asalto cometido en la vía pública. El adolescente se dirigía al colegio y llevaba puesta su mochila cuando recibió un disparo en la espalda. Murió luego de ser trasladado al Hospital Oñativia, ubicado en Rafael Calzada.

Por el hecho quedaron detenidos un adolescente de 17 años y Lautaro Franco, de 18. Según la información difundida sobre el expediente, la Fiscalía de Menores N° 2 de Lomas de Zamora solicitó que ambos permanezcan privados de su libertad y los imputó, de manera provisoria, por los delitos de homicidio criminis causa y robo agravado. La calificación deberá ser revisada durante el proceso y no implica, por sí sola, una declaración de responsabilidad penal definitiva.

El caso Lautaro Servín y la reconstrucción del ataque

El homicidio ocurrió el 23 de junio, cerca de las 7.40, en la calle Rivadavia, entre Torcaza y Benteveo, en San Francisco Solano. Lautaro caminaba junto con su padre cuando ambos fueron sorprendidos por dos personas que se movilizaban en una moto, en un episodio que la investigación encuadró inicialmente como un robo agravado.

De acuerdo con los testimonios incorporados a la pesquisa, primero se produjeron varios disparos y el padre del adolescente cayó al suelo. Lautaro se acercó para ayudarlo y, en ese momento, los agresores habrían efectuado nuevos disparos. Una de esas balas impactó en el joven. Otros testigos describieron gritos de los atacantes durante la secuencia, aunque el alcance probatorio de cada declaración deberá ser valorado por la fiscalía y, eventualmente, por el órgano judicial competente.

Un vecino que integra la Prefectura Naval Argentina salió a la calle al escuchar las detonaciones y realizó disparos al aire con su arma reglamentaria para intentar detener la fuga. Los sospechosos escaparon del lugar y el joven herido fue trasladado al hospital, donde finalmente falleció.

La investigación quedó a cargo del Departamento Homicidios de la Delegación Departamental de Investigaciones de Lomas de Zamora y de la Superintendencia de Seguridad Región AMBA Sur II de la Policía Bonaerense. La intervención de estas dependencias permitió ordenar las primeras medidas de campo y reunir información sobre el recorrido previo y posterior al crimen.

Cámaras y un robo previo para reconstruir la ruta de los sospechosos

Una de las primeras diligencias consistió en relevar las cámaras de seguridad de la zona. El objetivo fue establecer desde dónde habían llegado los motochorros, qué calles habían utilizado y cuál había sido el trayecto elegido para escapar. Ese análisis llevó a los investigadores hacia el barrio 2 de Abril, en Almirante Brown, particularmente a un sector de la calle El Jilguero.

Las tareas de campo realizadas en ese lugar aportaron información sobre una presunta banda integrada por varios jóvenes. Los detectives identificaron como posible punto de encuentro una metalera conocida como “El Torcido”, donde además habría residido uno de los sospechosos. La referencia al lugar no constituye por sí misma una prueba de participación en el homicidio: su valor depende de cómo se vincule con el resto de los elementos incorporados al expediente.

La pesquisa también reconstruyó que, alrededor de las 7.26, aproximadamente quince minutos antes del asesinato, dos personas habrían robado una motocicleta en Rafael Calzada. Las víctimas de ese episodio brindaron descripciones de los autores y otros datos que fueron comparados con las imágenes y los testimonios reunidos por los investigadores.

Ese hecho previo puede resultar relevante porque permitiría explicar cómo los acusados habrían obtenido el vehículo utilizado después en el ataque. Sin embargo, la conexión entre ambos episodios deberá ser demostrada mediante pruebas independientes, declaraciones y peritajes. En una investigación penal, la coincidencia temporal o geográfica orienta las medidas, pero no reemplaza la acreditación de cada conducta atribuida.

La pericia que vinculó una vaina con el homicidio

Otro elemento central fue una causa anterior iniciada por un episodio de abuso de armas ocurrido a mediados de mayo. En ese expediente se había secuestrado una vaina servida calibre 9 milímetros, presuntamente relacionada con un disparo efectuado por el adolescente de 17 años para amenazar a un vecino.

Después del homicidio de Lautaro, los investigadores encontraron dos vainas del mismo calibre en el lugar del ataque. La Policía Científica de Lomas de Zamora comparó esos elementos con la vaina secuestrada en la causa anterior. Según la información difundida, el resultado fue considerado altamente positivo: los proyectiles habrían sido disparados por la misma arma.

La balística forense busca establecer si distintas vainas o proyectiles presentan marcas compatibles con el mecanismo de un arma determinada. Esas marcas pueden originarse en piezas como la aguja percutora, la recámara o el sistema de extracción y expulsión. El resultado de una pericia no se interpreta de manera aislada, sino junto con la cadena de custodia, la metodología aplicada, la documentación técnica y el resto de la evidencia.

En este caso, la coincidencia entre el material recogido en mayo y el hallado tras el crimen fue utilizada para vincular al adolescente con el arma que habría intervenido en ambos episodios. La fiscalía deberá explicar en la audiencia correspondiente el alcance del informe y permitir que la defensa controle su contenido, solicite aclaraciones o proponga medidas periciales adicionales.

El teléfono celular y la identificación de la motocicleta

Durante siete allanamientos se secuestraron prendas de vestir y teléfonos celulares. La fiscalía analizó el contenido de esos dispositivos con el propósito de identificar comunicaciones, vínculos y posibles referencias al hecho investigado. También habría encontrado conversaciones que, según la hipótesis acusatoria, involucraban a familiares de uno de los sospechosos y un supuesto plan para ocultar pruebas.

La extracción de información digital exige preservar la integridad de los dispositivos y documentar cada paso del procedimiento. Los mensajes, fotografías o datos almacenados pueden ser útiles, pero su valor depende de la forma en que fueron obtenidos, conservados y contextualizados. La defensa puede discutir la autenticidad, el origen, la interpretación y la legalidad de esa evidencia.

Una fotografía utilizada por los investigadores mostraba al adolescente a bordo de una Honda GLH con determinadas características visibles en el tanque, las cachas laterales y el guardabarros. Al comparar esa imagen con las grabaciones del hecho, los detectives sostuvieron que se trataba de la misma motocicleta utilizada durante el homicidio y que el joven era quien la conducía.

La fotografía no demostraría por sí sola la participación en el crimen. Su importancia surge de la posible coincidencia entre el vehículo retratado, las imágenes de las cámaras, los testimonios y la secuencia temporal reconstruida. Esa valoración conjunta será uno de los puntos que deberán discutirse durante la investigación penal preparatoria.

Qué implica que uno de los acusados sea menor de edad

La aparición de un imputado de 17 años trasladó la causa al fuero de responsabilidad penal juvenil. En la provincia de Buenos Aires, los adolescentes comprendidos entre los 16 y los 18 años pueden quedar sometidos a un régimen específico cuando se les atribuyen delitos cuya pena supera determinados límites legales. El procedimiento contempla reglas diferenciadas respecto de la investigación, la detención, las audiencias y las medidas de protección.

La edad del acusado al momento del hecho es determinante para establecer el régimen aplicable. Aunque la imputación mencione homicidio criminis causa y robo agravado, la respuesta estatal no se estructura exactamente igual que en el sistema de adultos. El juez o tribunal debe ponderar la gravedad del caso, los riesgos procesales, la posibilidad de fuga, el entorpecimiento de la investigación y las condiciones personales del adolescente.

Según la información conocida, el menor fue trasladado a un instituto ubicado en La Plata después de que se ordenara su detención. La privación de libertad durante el proceso es una medida cautelar, no una condena. Para mantenerla, la acusación debe justificar la existencia de elementos suficientes y de riesgos concretos que no puedan neutralizarse mediante alternativas menos gravosas.

También rigen garantías constitucionales y convencionales, entre ellas el derecho de defensa, la presunción de inocencia, el control judicial de las medidas restrictivas y la obligación de asegurar un trato acorde con la edad. Las víctimas y sus familiares, por su parte, tienen derecho a recibir información sobre el avance del expediente y a intervenir conforme a las normas procesales aplicables.

La situación procesal del joven de 18 años

El segundo sospechoso fue identificado como Lautaro Franco, de 18 años. La información difundida indica que se presentó en una comisaría de Lomas de Zamora luego de que los investigadores comunicaran a sus familiares que el otro acusado había sido detenido. Allí quedó privado de su libertad a disposición de la fiscalía.

Antes de esa presentación, la policía habría detectado al adolescente de 17 años durante un control de rutina. Circulaba en una motocicleta Honda Twister y no contaba con la documentación requerida. Fue trasladado a una dependencia policial y, al consultar sus datos, se verificó que existía una orden de captura vinculada con la investigación por el homicidio.

En el caso del imputado mayor de edad, la fiscalía debe garantizar que conozca con precisión los hechos atribuidos, la calificación legal provisional y los elementos que justifican el pedido de detención. La indagatoria o declaración del imputado constituye un acto de defensa: la persona puede declarar, responder preguntas en los límites legales o abstenerse sin que ese silencio sea interpretado en su contra.

La calificación de homicidio criminis causa supone, en términos generales, la hipótesis de que una persona fue asesinada para facilitar otro delito, procurar su impunidad o asegurar el resultado de una conducta delictiva. Se trata de una figura particularmente grave, cuya aplicación exige acreditar el vínculo subjetivo entre la muerte y el delito conexo. La acusación inicial puede modificarse a medida que se incorporen nuevas pruebas.

Qué deberán controlar las partes durante la investigación

La fiscalía deberá profundizar la reconstrucción del ataque, determinar el rol específico de cada acusado y establecer quién efectuó los disparos. También tendrá que incorporar formalmente los informes de cámaras, las declaraciones testimoniales, las actas de allanamiento, la documentación de los secuestros, las pericias balísticas y el análisis de los teléfonos.

La defensa, en tanto, podrá controlar la legalidad de los allanamientos, cuestionar la cadena de custodia, solicitar pericias propias y discutir la identificación de la moto o de las personas que aparecen en las imágenes. También podrá plantear nulidades si considera que una medida fue realizada sin orden judicial, fuera de los límites autorizados o con afectación de garantías constitucionales, siempre que corresponda según las circunstancias del caso.

La existencia de comunicaciones atribuidas a familiares tampoco permite concluir automáticamente que todos ellos hayan cometido un delito. Para que una persona sea responsabilizada penalmente debe demostrarse su intervención concreta, con dolo o culpa según corresponda, y mediante prueba válida. El parentesco o el conocimiento posterior de un hecho no bastan para configurar una participación criminal.

La investigación puede incluir nuevas ruedas de reconocimiento, peritajes sobre prendas, análisis de recorridos, informes médicos y estudios complementarios sobre el arma. Cada medida debe aportar información verificable y ser incorporada con las formalidades previstas por la legislación procesal bonaerense.

El expediente puede definir la visibilidad de los hechos sin reemplazar al proceso

En causas penales de alta repercusión pública, la circulación de imágenes, audios y versiones de terceros puede influir en la percepción social antes de que exista una resolución judicial firme. Para las personas involucradas, esa exposición puede generar consecuencias laborales, familiares y reputacionales. Por eso, la comunicación de la fiscalía y de los organismos de seguridad debe diferenciar con claridad entre una sospecha, una imputación, una detención y una condena.

Desde la perspectiva de la información jurídica, las noticias sobre el caso pueden ser encontradas por familiares, abogados, organismos públicos y medios que sigan la evolución del expediente. Una cobertura responsable debe identificar la etapa procesal, utilizar expresiones como “acusado” o “imputado” y evitar presentar como hechos definitivos aquellas circunstancias que todavía están bajo investigación.

Para los profesionales que deban intervenir, la referencia pública a una pericia o a un allanamiento no reemplaza el acceso al expediente. La estrategia defensiva o de representación de las víctimas requiere consultar las actuaciones, verificar las resoluciones y conocer las medidas ordenadas por la autoridad judicial competente. La información periodística sirve como contexto, pero no sustituye la documentación procesal.

La reconstrucción original del caso fue publicada por Clarín. A partir de esos datos, el estado de la causa debe leerse con prudencia: los dos detenidos afrontan una acusación provisoria y todavía resta que la justicia juvenil y la justicia penal de adultos definan las medidas procesales correspondientes.

Para quienes necesiten seguir el expediente, lo más importante es distinguir la detención de una condena, consultar las resoluciones oficiales y respetar la privacidad de las personas menores de edad. La investigación deberá establecer, con pruebas controlables y dentro del debido proceso, qué ocurrió durante el robo y cuál fue la responsabilidad individual de cada acusado.