Condenaron al policía que gaseó a una nena frente al Congreso

El juez federal Daniel Rafecas condenó a Cristian Miguel Rivaldi a un año y tres meses de prisión en suspenso por incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal con lesiones leves, tras considerar probado que roció con gas pimienta a una niña de 10 años y a su madre durante una manifestación frente al Congreso de la Nación.

La condena incluye costas e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la pena. Además, Rivaldi deberá fijar residencia y quedar bajo el control de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal. La resolución fue dictada en el fuero federal y, según la información disponible, los fundamentos se conocerán el 17 de noviembre.

El episodio ocurrió el 11 de septiembre de 2024, durante una movilización en defensa de los derechos de los jubilados. Fabrizia Pegoraro y su madre, Carla Mariana Pegoraro, estaban sentadas sobre la avenida Rivadavia cuando el efectivo de la Policía Federal Argentina las roció a corta distancia mientras las fuerzas avanzaban para despejar la calle.

Qué resolvió el juez federal Daniel Rafecas

Rafecas atribuyó a Rivaldi responsabilidad penal por el incumplimiento de los deberes de funcionario público y por lesiones leves, bajo la modalidad de concurso ideal. Esa calificación significa que un mismo hecho fue considerado capaz de afectar más de una figura penal, aunque se impuso una pena única.

La pena de prisión quedó en suspenso, por lo que no implica el ingreso inmediato del condenado a un establecimiento penitenciario. La sentencia también estableció restricciones y controles vinculados con la ejecución de la condena. El alcance definitivo del pronunciamiento dependerá de sus fundamentos y de las eventuales impugnaciones.

Qué pruebas se valoraron sobre el uso del gas

La acusación se apoyó principalmente en registros audiovisuales que permitieron identificar al agente y reconstruir la secuencia. Según el material incorporado a la causa, Rivaldi dirigió el aerosol hacia las dos mujeres mientras permanecían sentadas en la vía pública.

La investigación también incorporó pericias y documentación médica. Fabrizia fue atendida el 13 de septiembre de 2024 en el Hospital Oftalmológico Santa Lucía, donde recibió un diagnóstico de conjuntivitis química. La documentación remitida por el hospital registró además la referencia de la niña al uso de gas pimienta.

La fuente original de esta información es Conclusión. El contenido disponible atribuye la reconstrucción del hecho a los registros audiovisuales, las pericias y la documentación médica incorporada al expediente.

Por qué la Fiscalía consideró ilegal el procedimiento

El fiscal federal Eduardo Taiano había sostenido, en su dictamen del 21 de octubre de 2025, que el rociamiento fue desmedido e injustificado y que se realizó a corta distancia. También afirmó que las víctimas no estaban agrediendo a los agentes ni ofreciendo resistencia.

La acusación señaló que las reglas aplicables al uso de dispositivos disuasivos exigen que la fuerza sea la mínima necesaria y suficiente frente a un riesgo o una amenaza. Según esa interpretación fiscal, el contexto observado en las imágenes no justificaba utilizar el aerosol contra una niña y su madre que estaban sentadas en el suelo.

El dictamen también destacó que los protocolos de actuación requieren especial atención cuando hay niños, mujeres embarazadas o adultos mayores en el lugar del procedimiento. El alcance concreto de esas reglas y su relación con la responsabilidad penal deberán examinarse a partir de los fundamentos completos de la sentencia.

Qué sostuvo la defensa de Cristian Rivaldi

Durante la investigación, Rivaldi afirmó que no había advertido la presencia de la niña y que, de haberla visto, habría intervenido para protegerla. La defensa también planteó que el gas podía haber sido arrojado por otra persona.

De acuerdo con la acusación, esas explicaciones no coincidían con las imágenes. La Fiscalía observó que el efectivo tenía parcialmente levantado el visor de su casco, lo que le habría permitido una mayor visibilidad del entorno. El juez, al dictar el veredicto, resolvió en sentido contrario a la hipótesis defensiva.

Qué consecuencias jurídicas tiene una pena en suspenso

Una condena de prisión en suspenso mantiene la pena fuera de un cumplimiento efectivo inmediato, pero no elimina la responsabilidad penal declarada. La persona condenada debe cumplir las condiciones fijadas judicialmente y puede enfrentar consecuencias si incumple las reglas impuestas o comete un nuevo delito en los términos previstos por la legislación aplicable.

En este caso, la resolución agregó una inhabilitación especial por el doble del tiempo de la pena y obligaciones de control. La información disponible no permite precisar todavía todas las reglas de conducta ni el régimen de recursos, porque los fundamentos del fallo aún no fueron difundidos al momento de esta publicación.

El alcance del fallo para el control del uso de la fuerza

Según la información suministrada, se trata del primer juicio oral que termina con una condena contra un integrante de las fuerzas de seguridad por la represión de una protesta durante la gestión de Javier Milei. Esa caracterización funciona como antecedente periodístico e institucional, pero no convierte automáticamente la sentencia en una regla general para todos los operativos.

El valor jurídico del pronunciamiento dependerá de la fundamentación de Rafecas, de la calificación penal adoptada y de la eventual revisión por tribunales superiores. El fallo tampoco establece, por sí solo, la responsabilidad de otros funcionarios o agentes mencionados en las versiones públicas sobre el episodio.

Qué deben tener en cuenta las personas afectadas en una protesta

Para evaluar un caso similar resulta necesario conservar videos, identificar testigos, solicitar atención médica y guardar constancias de las lesiones. También es relevante documentar la fecha, el lugar, la intervención de las fuerzas y cualquier denuncia realizada. Esos elementos no determinan por sí mismos la responsabilidad penal, pero pueden contribuir a reconstruir el hecho y a respaldar una presentación judicial.

En el caso de Fabrizia y Carla Pegoraro, la condena se apoyó en la combinación de registros audiovisuales, pericias y documentación médica. Hasta que se conozcan los fundamentos y el resultado de eventuales recursos, el alcance procesal de la decisión debe considerarse sujeto a revisión.