Paraguay: destituyen a Santiago Peña tras la crisis de Ueno Bank
El Congreso paraguayo removió a Santiago Peña luego de la crisis de Ueno Bank. Pedro Alliana asumió la Presidencia y el Partido Colorado conservó el control del gobierno.

La destitución de Santiago Peña como presidente de Paraguay se produjo después del cierre de Ueno Bank y de las protestas por el acceso a los ahorros. Según la información disponible, la Cámara de Diputados aprobó la acusación el 5 de noviembre y el Senado resolvió la remoción al día siguiente. El vicepresidente Pedro Alliana asumió para completar el mandato hasta 2028.
La destitución de Santiago Peña no implicó un cambio de partido en el gobierno paraguayo. El vicepresidente Pedro Alliana, también integrante del Partido Colorado, asumió la Presidencia después de que el Congreso removiera a Peña en el marco de un juicio político vinculado políticamente con la crisis de Ueno Bank.
La información de origen, publicada por Clarín a partir de despachos de AFP, atribuye la caída presidencial a una disputa interna del oficialismo. El material no aporta el texto de la acusación, la resolución del Senado ni las normas específicas aplicadas, por lo que el alcance jurídico de cada imputación debe considerarse con cautela.
Qué resolvió el Congreso de Paraguay
Según la fuente, los diputados aprobaron la acusación contra Peña por 78 votos. Legisladores del Partido Colorado acompañaron la iniciativa junto con la oposición, pero rechazaron avanzar contra Alliana.
Al día siguiente, el Senado resolvió la destitución con 44 votos y ningún voto en contra. Luego, el vicepresidente asumió el Poder Ejecutivo para completar el período presidencial hasta 2028. La información disponible no precisa si la decisión fue publicada en un instrumento oficial ni detalla los fundamentos jurídicos de la resolución parlamentaria.
Por qué la crisis de Ueno Bank quedó vinculada al juicio político
El cierre de Ueno Bank dejó, de acuerdo con el contenido suministrado, a cientos de miles de clientes sin acceso a sus ahorros y provocó protestas. La crisis bancaria fue presentada como el hecho que desencadenó la remoción presidencial.
La Fiscalía investiga si Peña favoreció a Ueno Bank mediante decisiones relacionadas con la colocación de fondos públicos y previsionales. El contenido también señala que el exmandatario había sido accionista del grupo controlador del banco hasta 2025. No se informa una sentencia firme: se trata de una investigación penal y de una imputación por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio.
Qué diferencia existe entre la destitución y la investigación penal
La decisión del Congreso pertenece al ámbito de la responsabilidad política y constitucional del presidente. La investigación fiscal, en cambio, busca determinar si existieron delitos y responsabilidades individuales conforme al proceso penal paraguayo.
Por eso, la destitución no equivale por sí sola a una condena penal. Del mismo modo, la prisión preventiva mencionada por la fuente tampoco prueba la responsabilidad del imputado: es una medida cautelar cuya legalidad, necesidad y duración deben resolverse dentro del expediente correspondiente.
La sucesión presidencial quedó en manos de Pedro Alliana
Alliana asumió para completar el mandato presidencial hasta 2028. El contenido de origen indica que comenzó a reorganizar el gobierno y a conformar su gabinete con varios dirigentes vinculados al cartismo, el sector del Partido Colorado asociado al expresidente Horacio Cartes.
La sucesión preservó la continuidad partidaria del Poder Ejecutivo. La oposición obtuvo la salida de Peña, pero el Partido Colorado mantuvo la Presidencia y su estructura de gobierno. La información disponible no permite determinar si la asunción de Alliana fue impugnada ni si existen planteos judiciales sobre el procedimiento sucesorio.
Qué disputa interna expuso la salida de Peña
La fuente atribuye a analistas y opositores una ruptura entre Peña y Horacio Cartes, expresidente de Paraguay y dirigente del movimiento Honor Colorado. Peña había llegado a la Presidencia en 2023 con el respaldo de Cartes, pero luego habría comenzado a desarrollar una agenda propia y a tomar distancia de su principal respaldo político.
El 5 de noviembre, Cartes respaldó públicamente el juicio político. Para la analista Estela Ruiz Díaz, citada por AFP, ese quiebre fue determinante. Se trata de una interpretación política atribuida a la especialista, no de un hecho establecido por una sentencia o por un documento oficial incorporado en el material suministrado.
El Partido Colorado también expulsó al expresidente
El Tribunal de Conducta del Partido Colorado resolvió por unanimidad expulsar a Peña por considerar que había provocado la “deshonra” de la organización, según la información de origen. Esa medida corresponde al ámbito interno partidario y no reemplaza las decisiones de la Justicia penal ni las consecuencias institucionales de la destitución.
El contenido no indica si Peña recurrió la expulsión, qué estatuto partidario se aplicó ni cuáles fueron los efectos concretos sobre sus derechos políticos. Esos datos serían necesarios para evaluar el alcance de la sanción dentro del partido.
Qué puede cambiar hasta las elecciones de 2028
La crisis podría afectar la capacidad de Alliana para reunir mayorías parlamentarias. Según el material publicado, diputados que habían respaldado a Peña iniciaron acercamientos con el sector colorado disidente vinculado al expresidente Mario Abdo Benítez. Una eventual alianza podría obligar al nuevo gobierno a negociar sus iniciativas en la Cámara de Diputados.
Para la oposición, la destitución fue un avance institucional, aunque no alteró la conducción partidaria del Estado. El efecto electoral de la crisis sobre los comicios de 2028 todavía es una cuestión política abierta y no puede presentarse como un resultado definido.
Para quienes deban analizar el caso desde Argentina, la distinción central es jurisdiccional: los efectos de la destitución, la sucesión presidencial, la investigación fiscal y las medidas cautelares se rigen por el derecho paraguayo. Con la información disponible, no corresponde trasladar automáticamente sus consecuencias al sistema constitucional o penal argentino.
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