Italia analiza usar cárceles de adultos ante el aumento de menores detenidos

Italia analiza habilitar sectores de cárceles para adultos destinados a menores de edad ante el aumento de la población alojada en los centros de internación para menores (IPM). Según la información publicada por Clarín, los internos pasaron de 280 en 2022 a 570 en la actualidad, mientras el Gobierno de Giorgia Meloni estudia ampliar la capacidad existente y renovar establecimientos deteriorados.

La discusión se desarrolla en el Ministerio de Justicia italiano, donde se realizan reuniones periódicas para abordar la presión sobre el sistema penitenciario juvenil. El ministro Carlo Nordio vinculó el debate con las detenciones realizadas durante disturbios recientes y sostuvo que el sistema atraviesa una situación de fuerte presión.

La alternativa más controvertida consiste en adaptar sectores de establecimientos penitenciarios destinados a adultos para alojar a personas menores de edad. De acuerdo con la información disponible, no se trata de una norma general ya aprobada, sino de una posibilidad que el Gobierno analiza junto con la construcción de nuevos centros y la renovación de los existentes.

El aumento de menores detenidos en Italia

Los datos difundidos indican que la cantidad de personas alojadas en los IPM aumentó de 280 en 2022 a 570 en la actualidad. La red cuenta con algo más de 600 plazas distribuidas en 19 centros, según la misma fuente.

La información también atribuye al Gobierno la puesta en marcha de obras y aperturas destinadas a ampliar la capacidad. Entre ellas menciona la apertura de un establecimiento en Rovigo y trabajos de renovación en L’Aquila y Lecce, que habrían permitido sumar un centenar de plazas.

Para los próximos meses se prevé habilitar otras 150 plazas mediante la ampliación del centro de Casal del Marmo y de establecimientos ubicados en Turín y Bolonia. Estos datos describen planes y actuaciones informadas por la fuente, pero no permiten determinar por sí solos el estado jurídico o administrativo de cada obra.

Qué propone el Ministerio de Justicia italiano

El ministro Carlo Nordio planteó dos líneas de respuesta: asignar recursos para ampliar los centros juveniles y alcanzar acuerdos para readaptar sectores de prisiones o instituciones penitenciarias destinadas a adultos. El objetivo declarado sería utilizar esos espacios para alojar a menores ante la insuficiencia de plazas en los IPM.

La propuesta tiene un antecedente informado en la prisión Dozza, de Bolonia. Allí se habría habilitado en 2025 una sección temporal para jóvenes de entre 21 y 25 años. Por la edad mencionada, ese antecedente no equivale necesariamente a un modelo destinado a menores de 18 años y no permite concluir que exista una autorización general para mezclar ambos sistemas penitenciarios.

El vínculo con el llamado Decreto Caivano

El aumento de la población detenida se vincula en la información publicada con el llamado Decreto Caivano, una medida adoptada durante la actual legislatura italiana. Según el material disponible, ese decreto incrementó el recurso a la prisión preventiva y endureció determinadas penas penales.

La relación entre esa reforma y el número de personas alojadas en los IPM es objeto de una disputa política y de una interpretación de organizaciones especializadas. Para afirmar una relación causal sería necesario consultar el texto vigente del decreto, sus normas reglamentarias y series oficiales que permitan separar el efecto de la reforma de otros factores.

La discusión sobre la prisión preventiva

La asociación Antigone cuestionó la orientación de la política penitenciaria juvenil. Según la cifra citada en la información de origen, en agosto el 68,1% de las personas recluidas en IPM no tenía una sentencia condenatoria firme y más de una de cada cuatro esperaba su primer juicio.

Antigone interpreta esos datos como una consecuencia del uso creciente de la detención y sostiene que la prisión debería mantenerse como una medida de último recurso. Esta es la posición de una organización citada por la fuente y no una conclusión judicial incorporada en la información disponible.

La distinción es relevante: estar privado de la libertad durante una investigación o a la espera del juicio no equivale a tener una condena firme. Para evaluar el alcance de la política italiana también sería necesario conocer los supuestos legales aplicados, la duración de las medidas cautelares y las decisiones de los tribunales competentes.

La oposición cuestiona alojar menores en prisiones de adultos

El Partido Democrático calificó de peligrosa la posibilidad de destinar espacios de cárceles para adultos a menores de edad. El Movimiento Cinco Estrellas describió la propuesta como descabellada, mientras que la Alianza Verde y de Izquierda sostuvo que el enfoque sería incompatible con el espíritu de la Constitución italiana.

Più Europa, por su parte, atribuyó al Decreto Caivano el incremento de la población en los centros juveniles y señaló que esos establecimientos se encuentran cerca del hacinamiento. Las expresiones corresponden a partidos opositores y deben diferenciarse de una resolución judicial o de una evaluación técnica oficial.

Qué está definido y qué permanece en evaluación

La información disponible permite identificar como hechos comunicados el aumento de internos, la insuficiencia de plazas denunciada y la existencia de obras de ampliación o renovación. También permite señalar que el Ministerio de Justicia analiza alternativas para responder a esa situación.

En cambio, no surge de la fuente que se haya aprobado una ley específica para trasladar menores a cárceles de adultos, que exista un calendario definitivo para esa medida ni que los tribunales hayan validado su compatibilidad con las garantías aplicables a niños y adolescentes. Tampoco se informa el texto concreto de los acuerdos que podrían celebrarse con establecimientos penitenciarios para adultos.

Por qué la medida requiere una definición normativa precisa

La eventual utilización de espacios penitenciarios para menores exigiría determinar, entre otros aspectos, quiénes quedarían alcanzados, qué autoridad dispondría el alojamiento, cómo se garantizaría la separación respecto de la población adulta y qué controles judiciales y administrativos operarían.

También sería necesario distinguir entre personas condenadas y personas sometidas a prisión preventiva. Esa diferencia incide en el fundamento de la detención, el plazo, la revisión de la medida y las garantías procesales. Con los datos disponibles no corresponde afirmar que la propuesta esté vigente ni anticipar su compatibilidad jurídica.

La fuente original de esta información es la nota publicada por Clarín. Para una evaluación normativa completa deberían consultarse las disposiciones italianas aplicables, las estadísticas oficiales y, si existieran, las decisiones judiciales relacionadas con la medida.