Sally Rooney: denuncian en Reino Unido el retiro de sus libros

El retiro de los libros de Sally Rooney de la venta en Reino Unido provocó una denuncia pública por censura firmada por más de 150 figuras de la cultura, entre ellas las premios Nobel Anne Carson y Annie Ernaux. La medida se vinculó con el apoyo económico anunciado por la escritora a Palestine Action, organización que el Gobierno británico prohibió en julio de 2025.

La controversia combina dos cuestiones distintas: el alcance de la prohibición de Palestine Action bajo el derecho británico y la decisión comercial de dejar de distribuir las obras de Sally Rooney. La fuente disponible no informa una sentencia que haya declarado ilegal el retiro de los libros ni una resolución judicial que ordene su restitución.

Qué ocurrió con los libros de Sally Rooney

Según la información publicada por Clarín, las obras de Rooney dejaron de distribuirse en Reino Unido después de que la escritora expresara su respaldo a Palestine Action. El material no identifica a la editorial, distribuidora o comercio que adoptó la decisión, ni precisa si el retiro alcanza a todos los formatos y canales de venta.

El caso, por lo tanto, debe distinguirse de una prohibición estatal directa de los libros. Lo informado describe una interrupción de la venta vinculada con las consecuencias que empresas o intermediarios atribuyeron a la legislación antiterrorista británica.

Qué planteó la carta abierta sobre la censura

La carta abierta fue publicada en el sitio de la revista británica The New Statesman. Sus firmantes sostuvieron que Sally Rooney es una escritora y no una terrorista, y cuestionaron que sus libros dejaran de estar disponibles por su presunto vínculo con una norma antiterrorista.

Entre quienes suscribieron el documento figuran Anne Carson, Annie Ernaux, Julian Barnes, Arundhati Roy, Colm Tóibín y el exfutbolista Gary Lineker. La nómina reúne a personas de la literatura, el deporte, el cine y la televisión, pero la carta expresa una posición pública: no constituye por sí misma una decisión judicial ni una interpretación vinculante de la ley británica.

Qué prohibición afecta a Palestine Action

El Gobierno británico declaró a Palestine Action una organización terrorista en julio de 2025, después de varios actos de vandalismo en una base de la fuerza aérea, de acuerdo con el material suministrado. Desde esa prohibición, prestar apoyo financiero o material al grupo quedó sujeto a las restricciones previstas por la legislación aplicable en el Reino Unido.

La fuente no precisa el número de la norma, sus artículos concretos ni el alcance exacto de cada conducta prohibida. Por eso, no puede afirmarse que toda expresión de apoyo político o toda obra escrita por una persona que respalda al grupo constituya automáticamente un delito. La eventual responsabilidad dependería de la conducta, la intención, el tipo de ayuda y la interpretación de los tribunales británicos.

El anuncio de Sally Rooney sobre sus derechos de autor

En agosto de 2025, Rooney había anunciado en un artículo publicado por The Irish Times que destinaría parte de sus derechos de autor a Palestine Action. El anuncio incluía, según la información disponible, ingresos derivados de las adaptaciones televisivas de sus novelas.

Ese anuncio es presentado como el antecedente del conflicto, pero la fuente no informa si se concretaron transferencias, qué montos estuvieron involucrados ni si alguna autoridad inició una investigación contra la escritora. La diferencia es relevante: una declaración de intención, una donación efectivamente realizada y una imputación penal son situaciones jurídicas distintas.

Qué reclamos judiciales existen en el Reino Unido

Huda Ammori, cofundadora de Palestine Action, inició una batalla judicial contra el Gobierno británico para obtener la anulación de la prohibición. El material indica que estaba prevista una audiencia a principios de noviembre ante el Tribunal Supremo británico, aunque no aporta el año de esa audiencia ni informa su resultado.

La existencia de ese proceso no significa que la prohibición haya sido anulada. Hasta contar con una resolución identificable, debe considerarse vigente según la información suministrada. Tampoco surge que el expediente judicial trate específicamente sobre la distribución de las novelas de Rooney: el objeto informado es la impugnación de la prohibición de Palestine Action.

Qué consecuencias legales pueden distinguirse

Para lectores, librerías y empresas, el caso muestra una diferencia entre la censura estatal, las restricciones penales y las decisiones privadas de distribución. Una norma puede prohibir determinadas formas de apoyo a una organización; una empresa puede retirar un producto por considerar que existe un riesgo legal o comercial; y un tribunal puede revisar la validez o el alcance de esa prohibición. No son actos equivalentes.

La información disponible tampoco permite concluir que los libros hayan sido prohibidos como contenido, que Sally Rooney haya sido acusada de terrorismo o que exista una orden judicial de retiro. La denuncia de los firmantes se refiere a una censura que consideran directa o indirecta, mientras que la situación jurídica concreta de la escritora no aparece detallada en la fuente.

Qué debe tener en cuenta un lector argentino

El episodio se rige por el derecho del Reino Unido y no modifica por sí mismo la libertad de expresión, la distribución editorial ni el régimen antiterrorista argentino. Para analizar un caso similar en Argentina habría que identificar la jurisdicción, la norma aplicable, el acto concreto cuestionado y la existencia de una resolución administrativa o judicial.

También es necesario verificar si la restricción alcanza al autor, al contenido de la obra, a una transferencia de fondos o a una actividad comercial. La noticia disponible no permite trasladar automáticamente las consecuencias del caso británico a editoriales, librerías o lectores argentinos.

La discusión seguirá dependiendo de dos datos que no están informados en el material de origen: la decisión concreta que dispuso el cese de la distribución y el resultado de la impugnación judicial contra la prohibición de Palestine Action. Sin esos elementos, la denuncia pública aporta el conflicto político y cultural, pero no acredita una sentencia definitiva sobre la legalidad del retiro.