Justicia juvenil: entregaron certificados de la cuarta cohorte en CABA

La justicia juvenil en CABA sumó una nueva instancia de capacitación con la entrega de certificados a quienes completaron la cuarta cohorte de la Diplomatura en Justicia Juvenil: situación, tendencias y retos desde una mirada restaurativa. El acto se realizó el miércoles 26 de agosto en el Salón Montevideo de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y reunió a autoridades judiciales, representantes de organismos especializados, docentes, tutores y estudiantes.

La actividad marcó el cierre académico de una propuesta desarrollada durante 2025 y, al mismo tiempo, confirmó la continuidad de un espacio destinado a fortalecer la formación de quienes intervienen directa o indirectamente en procesos vinculados con adolescentes en conflicto con la ley penal. La quinta edición de la diplomatura se encuentra actualmente en desarrollo durante 2026.

Para ampliar el marco general del tema, conviene revisar también esta justicia juvenil en CABA como referencia de contexto.

Justicia juvenil en CABA: qué ocurrió durante el acto de cierre

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la diputada porteña Aldana Crucitta, quien recibió a las autoridades, docentes, tutores y estudiantes presentes. Durante su intervención, destacó la importancia de que la Legislatura acompañe iniciativas académicas relacionadas con la especialización y el fortalecimiento de la justicia juvenil.

El encuentro tuvo una doble dimensión. Por un lado, se entregaron los certificados correspondientes a las personas que cumplieron con las exigencias académicas de la cuarta cohorte. Por otro, se generó un ámbito institucional para revisar el valor de la capacitación interdisciplinaria en un área que exige combinar conocimientos jurídicos, criterios de política pública y herramientas vinculadas con la protección integral de niñas, niños y adolescentes.

La jornada incluyó dos paneles, intervenciones de estudiantes y la participación virtual de especialistas extranjeros. La modalidad permitió reflejar el alcance que la diplomatura fue adquiriendo con el paso de sus ediciones, tanto dentro de la Argentina como en otros países de la región.

Una propuesta académica sostenida por instituciones judiciales y especializadas

La diplomatura es organizada conjuntamente por el Centro de Formación Judicial de la Ciudad, el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente —ILANUD—, la Secretaría de Infancias y Adolescencias de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad y el Ministerio Público Tutelar porteño.

La articulación entre esas instituciones resulta relevante porque la justicia juvenil no se limita al trabajo de los tribunales. En los casos que involucran a adolescentes pueden intervenir magistrados, fiscales, defensores, asesores tutelares, equipos técnicos, organismos administrativos y profesionales de distintas disciplinas. Cada actor cumple funciones específicas y debe actuar dentro de un marco de derechos y garantías.

En 2024, la Legislatura de la Ciudad declaró a la diplomatura de interés educativo y jurídico. Ese reconocimiento institucional se vinculó con la necesidad de promover conocimientos especializados en un campo que requiere respuestas diferenciadas respecto del sistema penal de adultos.

La información oficial sobre la entrega de certificados fue publicada por el Centro de Formación Judicial, que también detalló la composición de los paneles y la continuidad de la iniciativa.

Por qué el enfoque restaurativo ocupa un lugar central

La diplomatura lleva en su denominación la referencia a una mirada restaurativa. En términos generales, ese enfoque procura que la respuesta frente a un hecho dañoso no se concentre únicamente en la sanción, sino que también considere a la persona afectada, la responsabilidad del adolescente y las condiciones necesarias para reparar, recomponer vínculos y evitar nuevas situaciones de violencia.

La aplicación de criterios restaurativos exige prudencia y no puede entenderse como una solución automática para todos los casos. Su implementación debe respetar la voluntad de las personas involucradas, las garantías del debido proceso, la protección frente a posibles presiones y las características concretas de cada situación. Tampoco sustituye las obligaciones legales de los organismos que intervienen.

En el ámbito juvenil, la especialización adquiere importancia porque las decisiones pueden producir consecuencias significativas en la trayectoria educativa, familiar y social de un adolescente. La edad, el grado de madurez, el contexto de vulnerabilidad y la posibilidad de sostener medidas no privativas de la libertad son elementos que deben ser evaluados conforme al marco jurídico aplicable y a las circunstancias del caso.

La capacitación como herramienta para mejorar las decisiones

La formación interdisciplinaria permite que los operadores comprendan que un expediente penal juvenil no se agota en la descripción de un hecho. La intervención judicial puede requerir información sobre la situación familiar, la escolaridad, la salud, las condiciones habitacionales y el acceso a políticas de protección. Esa información debe ser obtenida y valorada con criterios profesionales, evitando estigmatizaciones o conclusiones basadas en prejuicios.

Una capacitación especializada también ayuda a diferenciar funciones. El asesoramiento tutelar, la acusación, la defensa, la decisión jurisdiccional y la intervención administrativa no son equivalentes. La coordinación entre áreas debe preservar la autonomía y los derechos de cada adolescente, además de asegurar que las medidas adoptadas sean revisables y proporcionales.

El alcance federal e iberoamericano de la cuarta cohorte

Desde su primera edición, la diplomatura amplió progresivamente su alcance. La propuesta incorporó participantes y especialistas de distintas jurisdicciones argentinas y de otros países de Iberoamérica. Durante el acto, estudiantes extranjeros participaron de manera virtual y compartieron sus experiencias junto con quienes asistieron presencialmente.

El intercambio regional permite comparar problemas que, aunque presenten particularidades locales, suelen repetirse en los sistemas de justicia juvenil: la necesidad de contar con operadores especializados, la búsqueda de alternativas a la privación de la libertad, la articulación con servicios de protección y la obligación de garantizar la participación efectiva de niñas, niños y adolescentes.

Las comparaciones internacionales deben realizarse con cuidado. Las reglas procesales, las competencias institucionales y las políticas públicas no son iguales en todos los países. Sin embargo, el intercambio académico puede ayudar a identificar prácticas, advertir riesgos y estudiar mecanismos compatibles con los estándares de derechos humanos que cada jurisdicción debe aplicar.

Qué deben tener presente quienes intervienen en procesos juveniles

Para profesionales del derecho y para las familias, la existencia de espacios de formación como esta diplomatura refuerza una idea básica: los procesos que involucran a adolescentes requieren una lectura especializada. No corresponde trasladar sin más categorías, rutinas o respuestas propias del sistema penal de adultos.

En un caso concreto, el adolescente debe conocer de manera comprensible qué se le atribuye, cuáles son sus derechos, qué alternativas procesales existen y qué consecuencias puede tener cada decisión. La asistencia técnica debe ser efectiva y adecuada a su edad y nivel de comprensión. También resulta esencial que cualquier medida que afecte su libertad, educación o vida familiar sea adoptada por la autoridad competente y con fundamento suficiente.

Las personas adultas responsables deben conservar la documentación recibida, consultar con un profesional especializado y prestar atención a los plazos y citaciones. La falta de comprensión de una notificación no elimina necesariamente sus efectos, por lo que ante cualquier duda es conveniente solicitar orientación jurídica inmediata ante la defensa pública, el Ministerio Público Tutelar u organismos competentes.

La capacitación institucional tampoco reemplaza el análisis individual de cada expediente. Un certificado acredita la finalización de un trayecto académico, pero las decisiones judiciales deben apoyarse en la ley, las constancias del caso, la prueba producida y el respeto de las garantías constitucionales y convencionales.

El cambio en la conducción académica del Centro de Formación Judicial

El acto también tuvo un significado institucional para el Centro de Formación Judicial. Durante sus palabras, la jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Marcela De Langhe anunció su renuncia a la presidencia del Consejo Académico, función que ejerció durante seis años.

De Langhe agradeció a quienes la acompañaron durante su gestión y al equipo del Centro. Luego, el presidente de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, Javier Buján, y el asesor general tutelar adjunto, Raúl Alfonsín, reconocieron el trabajo realizado y el crecimiento alcanzado por la institución.

Según se informó durante la jornada, el próximo desafío será dar continuidad a las políticas de capacitación impulsadas en ese período. La renovación de autoridades puede abrir una etapa de revisión y profundización, aunque cualquier evaluación concreta dependerá de las decisiones que adopte quien asuma la conducción del Consejo Académico.

La formación en justicia juvenil y su incidencia en la visibilidad jurídica

Para un portal especializado y para las instituciones que trabajan en este campo, la continuidad de la diplomatura también mejora la disponibilidad de información pública sobre capacitación judicial, derechos de adolescentes y políticas de prevención. Una comunicación clara permite que profesionales, estudiantes y familias identifiquen qué organismos participan y dónde buscar orientación confiable.

La visibilidad orgánica de estos contenidos depende de que las publicaciones distingan correctamente entre una actividad académica, una norma, un fallo y una decisión administrativa. En este caso, la entrega de certificados no constituye una sentencia ni modifica por sí misma el régimen de responsabilidad penal juvenil. Su importancia se encuentra en la formación de operadores y en el intercambio institucional que puede influir, de manera indirecta, en la calidad de futuras intervenciones.

Para las organizaciones jurídicas, universidades y organismos públicos, resulta útil mantener actualizada la información sobre nuevas cohortes, requisitos de inscripción, programas y autoridades responsables. Esos datos deben verificarse siempre en canales oficiales, porque una diplomatura o una jornada de capacitación no reemplaza la consulta de la legislación vigente ni el asesoramiento profesional en situaciones particulares.

La cuarta cohorte concluyó con la entrega de certificados, pero la propuesta continuará con su quinta edición durante 2026. La permanencia de este tipo de espacios puede contribuir a que la justicia juvenil sea abordada con mayor especialización, coordinación institucional y respeto por los derechos de niñas, niños y adolescentes.