La defensa de Pity Álvarez pidió su absolución por legítima defensa

La defensa de Cristian Gabriel “Pity” Álvarez pidió su absolución en el juicio por la muerte de Cristian Maximiliano “Gringo” Díaz, ocurrida el 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano. Como planteos subsidiarios, los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro solicitaron que el caso sea analizado bajo la figura de la legítima defensa o del exceso en esa causa de justificación.

El pedido fue formulado durante la audiencia número 20 del debate, en el alegato de cierre de la defensa. La exposición se extendió durante casi seis horas y estuvo dividida en bloques a cargo de Baños y Queijeiro.

Según informó Clarín, Álvarez no participó de manera remota de la audiencia. El secretario del tribunal indicó que el imputado se encuentra internado de manera involuntaria en un centro de salud mental de Castelar y que decidió ser representado por sus defensores.

Qué pidió la defensa de Pity Álvarez

La defensa solicitó, como planteo principal, la absolución de Álvarez. También pidió que se realice un nuevo juicio y reiteró diez planteos de nulidad y catorce pedidos subsidiarios que ya habían sido mencionados en audiencias anteriores.

Los planteos de nulidad buscan cuestionar actos o decisiones del proceso que, según la defensa, habrían afectado las garantías del imputado. Su procedencia debe ser resuelta por los órganos judiciales competentes y no implica, por sí sola, que el acusado haya sido absuelto ni que el juicio quede automáticamente invalidado.

Entre los argumentos expuestos se incluyeron la incorporación de informes de peritos de parte, la declaración de testigos y la aptitud de Álvarez para comprender lo que ocurre durante las audiencias. La defensa también pidió que el imputado fuera juzgado por un jurado popular, planteo que fue presentado dentro del conjunto de solicitudes efectuadas durante el debate.

El argumento de la legítima defensa

La estrategia defensiva sostuvo que Díaz habría agredido y retenido a Álvarez durante un lapso estimado por los abogados entre 30 y 60 minutos. Baños afirmó que esa situación habría implicado una privación de la libertad y un riesgo grave para la integridad física del imputado y de una testigo.

Desde esa perspectiva, los defensores plantearon que los disparos debían analizarse en el marco de una agresión ilegítima y no como un homicidio simple. La legítima defensa es una causa que puede excluir la responsabilidad penal cuando se reúnen los requisitos previstos por la legislación aplicable, entre ellos la existencia de una agresión ilegítima y la necesidad racional del medio empleado. La determinación depende de la prueba producida y de la valoración del tribunal.

La defensa también formuló, de manera subsidiaria, la hipótesis de un exceso en la legítima defensa. Ese planteo parte de admitir que pudo existir una situación defensiva, pero sostiene que la respuesta habría superado los límites jurídicamente permitidos. El tribunal todavía no resolvió cuál de las hipótesis corresponde aplicar.

Qué elementos mencionaron los abogados

Durante el alegato, los defensores describieron a Díaz y a Álvarez y expusieron su interpretación sobre el contexto del barrio Samoré. Señalaron que Díaz tenía conocimientos de boxeo y que, según una testigo y las pericias mencionadas en la audiencia, había consumido alcohol y cocaína.

Queijeiro también aludió a un resultado positivo en una pericia de rastros de pólvora realizada sobre la mano hábil de Díaz. El propio defensor aclaró que ese dato no permite establecer en qué momento habría utilizado un arma. Por lo tanto, se trata de un elemento invocado por la defensa cuya relevancia deberá ser ponderada junto con el resto de la prueba.

Los abogados sostuvieron además que Álvarez se habría defendido con el único medio que consideraba eficaz frente a la agresión. Esa afirmación forma parte de la interpretación de la defensa y no equivale a una conclusión judicial sobre los hechos.

La recusación contra el presidente del tribunal

Durante su exposición, Baños invitó al presidente del tribunal, Gustavo Goerner, a apartarse del caso. El planteo se basó en que Goerner había rechazado en abril de 2021 un pedido de sobreseimiento de Álvarez, cuando todavía no se había definido el inicio del debate.

Goerner rechazó la causal de apartamiento. Los jueces Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro también se pronunciaron en el mismo sentido. Ramos Padilla cuestionó la posibilidad de formular recusaciones en esos términos y señaló que no tramitaría el planteo de esa naturaleza.

La recusación y las nulidades son cuestiones procesales distintas. La primera procura apartar a un juez por una causal legal de posible falta de imparcialidad; las nulidades, en cambio, cuestionan la validez de actos procesales determinados. Ninguna de esas presentaciones reemplaza la decisión final sobre la responsabilidad penal.

Cuál es el estado del juicio

El debate aún no tiene veredicto. Tras finalizar el alegato de la defensa, el tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el 20 de noviembre. En esa fecha, Álvarez podrá pronunciar sus últimas palabras por videoconferencia desde la clínica en la que se encuentra internado.

Luego de esa intervención, el tribunal informó que dará a conocer el veredicto durante la misma jornada. Hasta entonces, la acusación, la defensa y los planteos formulados en el juicio representan posiciones procesales que todavía deben ser valoradas por los jueces.

Qué debe esperar el lector del veredicto

El pronunciamiento deberá definir si Álvarez es absuelto o condenado y, en su caso, cuál es la calificación jurídica de los hechos. También deberá responder a los planteos de la defensa dentro de los límites de la competencia del tribunal y de la prueba incorporada al debate.

La solicitud de absolución por legítima defensa no constituye un reconocimiento judicial de esa versión. Del mismo modo, la existencia de un pedido subsidiario por exceso en la legítima defensa no significa que el tribunal haya descartado la acusación principal. La decisión será conocida después de las últimas palabras del imputado y podrá quedar sujeta a las vías de impugnación previstas por el proceso penal.

Para las personas interesadas en el caso, el dato procesal central es que la etapa de alegatos concluyó, pero la causa todavía no tiene una resolución definitiva. La próxima fecha relevante es el 20 de noviembre, cuando se prevé la intervención final de Álvarez y la lectura del veredicto.